CONTRA LA DEUDA EXTERNA Y LA FUGA DE CAPITALES,
EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL
La deuda externa y la fuga de capitales han sido, en las últimas décadas, los principales nudos de nuestra dependencia respecto del poder concentrado transnacional. El principal artífice del endeudamiento fue la última dictadura cívico-militar, con la actuación de José Martínez de Hoz y Domingo Cavallo, entre otros personeros del capital financiero extranjero. En 1983, con el reinicio de la democracia, el país tuvo la oportunidad de denunciar (como efectivamente se hizo), investigar y actuar en consecuencia, acerca de la ilegalidad del origen de aquella deuda internacional. Pero esa tarea histórica no fue cumplida por nuestros gobernantes. En los años ´90, las políticas neoliberales bajo el mandato del Consenso de Washington, profundizaron la dependencia económica de nuestro país a través del desmantelamiento del aparato productivo nacional, la destrucción del Estado y con un sustancial aumento de deuda externa y fuga de capitales. Aún hoy no hemos superado totalmente aquel escenario.
En este contexto, la política de desendeudamiento externo iniciada por Néstor Kirchner en el 2003 y continuada por la Presidenta Cristina Fernández, significa una ruptura con las implementadas hasta entonces, y una estrategia de contenido nacional y liberador. Ello le ha permitido al Estado Nacional mantener una política de estímulo fiscal a la economía interna, fundamental en el sostenimiento del actual modelo económico de valorización productiva, y obtener importantes niveles de soberanía nacional. De no habernos liberados del FMI, la crisis internacional financiera hubiera tenido consecuencias funestas para los argentinos. Incluso esa política ha sido elogiada y compartida por los Presidentes Hugo Chávez, Evo Morales y Lula, porque significó quebrar con el mandato del dictado opresor del FMI y los organismos financieros internacionales. Mientras que en el 2002 la deuda externa representaba el 155% del PBI; en el 2009, descendió al 41%.
Por eso, si bien la reapertura de la discusión sobre la ilegitimidad del origen de la deuda externa siempre debe ser bienvenida por el campo nacional y popular, ello no debe ser excusa para desviar la atención sobre la cuestión principal: el acecho destituyente de las clases dominantes contra el gobierno nacional. La ofensiva consiste en despojarlo del uso de las reservas del Banco Central y así dejarlo en posición de debilidad frente a los poderes concentrados de la economía, quienes no dudarían, en tal caso, en utilizar cualquier recurso espurio y golpista, como ocurrió en 1989. No es casualidad que figuras como Horacio Liendo, Daniel Marx y Miguel Angel Broda, promotores de las políticas de ajuste y del endeudamiento externo tanto por la dictadura como por los sucesivos gobiernos constitucionales, sean hoy asesores jurídicos y económicos de la oposición. Tampoco lo es que represente a Redrado el abogado Cassagne, cuyo estudio litiga contra el país en representación de demandas ante el CIADI -tribunal internacional que atiende las demandas por deudas ante grupos económicos extranjeros-. Esa connivencia promiscua entre opositores y operadores del poder financiero, revela la unidad de intención y de planes.
Tampoco aquello debe ser excusa para entorpecer el proceso de desendeudamiento externo y de lucha contra los fondos buitres, y para no reconocer el carácter de política nacional que ha tenido esa estrategia. De ser así, aún los que actúan de buena fe estarán jugando objetivamente a favor del regreso del país conservador, porque esa es la batalla principal que hoy se está librando.
En esta inteligencia es de enorme importancia iniciar una investigación de peso jurídico y político sobre la fuga de capitales. Además de la vocación especuladora y antinacional del poder económico concentrado, se ha puesto de relieve según informes de conocimiento público del propio BCRA, la ausencia de control y deficiencias por parte de este organismo, bajo el mandato de su ex presidente Martín Redrado. Ello incluso podría configurar la comisión de delitos de acción pública por violación al régimen penal cambiario, al tratarse de fuga de divisas obtenidas por relaciones de comercio exterior que, obligatoriamente, debieron ser declaradas y liquidadas a través de la entidad oficial y, evidentemente, no lo fueron. La profundización de la fuga de capitales es una agresión contra la economía, tan o aún más grave que la deuda externa, ya que es flujo de dinero que podría ser reconducido al mercado interno para financiar inversiones productivas y aumentar la capacidad de consumo de la población. Esta es una de las tareas políticas de vital importancia que deben ser realizadas dentro de la actual etapa de reconstrucción del Estado y de su capacidad de intervención y conducción de la economía nacional.
Entonces, desde la Corriente Política E. S. Discépolo apoyamos la estrategia de desendeudamiento externo seguida por el gobierno nacional de Cristina Fernández, instamos a que se adopten los recaudos para detener la fuga de capitales del país, así como propiciamos la búsqueda de acuerdos regionales para que, en el contexto del proceso de unidad latinoamericana que hoy se verifica, se arribe a políticas en común contra los acreedores internacionales que reformulen, con criterio de justicia, el sistema financiero internacional, para lograr la independencia económica.
Corriente Política Enrique Santos Discépolo, enero de 2010.
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